La Xunta cede a la presión social y cuestiona la viabilidad de la mina de Touro

El conselleiro de Economía, Empleo e Industria, Francisco Conde, avanza el posible rechazo del Gobierno de Feijoó al proyecto con unas declaraciones imprecisas condicionadas al contexto electoral de las municipales de 2019

La Xunta destacó ayer en el Parlamento de Galicia, en respuesta a una interpelación de En Marea, que la reapertura del yacimiento minero por parte de las empresas Atalaya Mining, Explotaciones Gallegas y Cobre San Rafael «no es viable», aunque indica que «seguirá analizando todos los informes para pronunciarse cuando acabe la tramitación y en base a evaluaciones técnicas». Éste ha sido, hasta ahora, el pronunciamiento más directo del Gobierno de Feijoó en contra de la mina.

Las críticas vienen de En Marea, a través de su diputado, Pablo Casal, que en unas declaraciones muy duras ha denunciado que «todos los ríos que rodean la zona están contaminados», al tiempo que ha culpado a la mina de Touro, que no opera desde los años 80, de poner en peligro la «ganadería, el turismo y la pesca», y a las empresas promotoras las ha tildado de «especulativas», al tiempo que las ha criticado por presentar «deficiencias en la documentación».

De nuevo la mina de Touro en el candelero político, un proyecto que nace con el pasivo de la politización y que va a encontrar muchas dificultades con gran parte de la opinión pública en contra y la enorme presión social e institucional que tiene encima.

La Xunta tendrá que analizar toda la documentación antes de dar su veredicto, pero el pronunciamiento de ayer choca con el posicionamiento que adoptó en septiembre del año pasado, en pleno auge de las movilizaciones en contra de la iniciativa, cuando la Xunta tomó una postura más tibia, sin mojarse, aludiendo a cuestiones genéricas, y dando por hecho que la mina de Touro saldría adelante si cumple todas las «garantías ambientales, urbanísticas y económicas».

Así, el Gobierno de Feijoó, que gobierna con mayoría absoluta en el Parlamento, busca no sufrir desgaste cara a las próximas elecciones municipales de 2019, más si cabe sufriendo las embestidas diarias de 140 asociaciones, 33 ayuntamientos, dos diputaciones (A Coruña y Pontevedra) y numerosos ciudadanos.

La reapertura de la mina de Touro sigue en el ojo del huracán, víctima de la politización en el contexto del año electoral municipal que se presenta, donde entran también en juego las elecciones autonómicas de 2020.

El proyecto minero, que estima ocupar 700 hectáreas de terreno, tiene previsto una inversión de 200 millones de euros y contempla la posibilidad de generar 400 empleos directos en los que va a primar la mano de obra local.

De momento, los promotores del yacimiento han subrayado que los informes sectoriales son una oportunidad para recabar argumentos y definir parámetros para reforzar las medidas de control y seguridad, pero el proyecto va a estar ahora más politizado que nunca y sujeto en consecuencia a los continuos vaivenes de la Xunta, que va a moverse según los índices de temperatura del termómetro social.

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