La Ley en el sector de la minería

Conoce la enorme burocracia administrativa que deben afrontar los promotores de proyectos mineros para desarrollar su actividad con todas las garantías legales

La valoración de pros y contras en torno a la minería abre debates enconados en la sociedad y las instituciones, en la mayoría de las ocasiones estériles, donde defensores y detractores del sector se limitan a posicionarse a favor o en contra con argumentos eternos sobre el desarrollo económico y el respeto medioambiental. Pero más allá de estos aspectos genéricos poco se habla en la opinión pública en relación al marco normativo regulatorio y las fuertes exigencias legales a las que se someten las empresas para iniciar o reiniciar una explotación. Este blog, para la realización de este artículo, ha consultado con expertos legales, al objeto de ofrecer una visión diferente que aporte información relevante a la ciudadanía sobre cómo se articulan legalmente estas iniciativas empresariales que siempre andan envueltas en polémica.

Imagen de PressDigital

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La normativa minera que deben seguir las empresas y la Administración que valida los permisos

Por encima de todo está le Ley. Pueden haber interpretaciones, opiniones, pero la Ley está para cumplirla. Y la actual normativa que regula el desarrollo del sector de la minería en España es la Ley 22/1973, con su Reglamento (Real Decreto 2857/1978) y Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. En el ordenamiento jurídico español se traspone a la Directiva Europea 2006/21/CE del Parlamento y del Consejo, según fuentes consultadas del Derecho.

Los promotores industriales, no sólo del sector minero, sino en términos generales, como por ejemplo las empresas que quieren implantar una fábrica, construir una carretera o levantar una subestación eléctrica, tienen por encima de todo una obligación legal que cumplir que debe validar la Administración competente.

En el caso de la minería son las comunidades autónomas las responsables de aprobar o paralizar los proyectos, en concreto la Consejería que gestiona los recursos públicos de los minerales de acuerdo a competencias constitucionales que recogen sus Estatutos de Autonomía. Aunque el Estado puede tener competencias plenas en determinadas circunstancias.

Fotografía de Cadena SER. La mina de uranio del municipio salmantino de Retortillo, envuelta en una enorme polémica

Fotografía de Cadena SER. La mina de uranio del municipio salmantino de Retortillo, envuelta en una enorme polémica

La Autorización Ambiental

Los proyectos mineros necesitan antes de nada la Autorización Ambiental, que según la comunidad autónoma puede exigir la Evaluación Ambiental o Declaración de Impacto Ambiental o figuras análogas. Se trata de la piedra angular para iniciar cualquier actividad, por eso en el proceso de concesión de estos permisos siempre hay debates encendidos en la opinión pública entre empresas, grupos ecologistas, asociaciones ciudadanas e instituciones.

La concesión de la Autorización Ambiental significa que el proyecto minero puede desarrollarse desde un punto de vista medioambiental. Incluso para su obtención se exigirán, llegado el caso, medidas compensatorias ambientales.

Por ejemplo, en minería subterránea, si existieran murciélagos (protegidos por la normativa europea), la Administración va a poner como condición a la empresa que garantice otros sistemas alternativos a estas especies, o que las labores se realicen en temporadas y horas en las que no se moleste su descanso o reproducción.

Estas exigencias administrativas hay que enmarcarlas dentro de las directrices de la UE, que apuesta por fomentar el acceso a los recursos nacionales en los Estados miembros proporcionando el necesario equilibrio entre el medio ambiente y las políticas de desarrollo industrial.

El marco institucional diseñado por Bruselas es firme, pero complejo, ya que recomienda legislar mediante una mejora del marco jurídico y el sistema de concesión de permisos, una tarea complicada cuando se lleva a la práctica porque varía en función de la realidad de cada país y región.

Para homogeneizar los derechos y las obligaciones en el sector minero dentro del marco de la UE queda mucho camino por recorrer, ya que entran en juego sensibilidades eternamente enfrentadas condicionadas por realidades geográficas muy distintas, lo que genera una burocracia apabullante que entorpece aún más la ya de por sí difícil convivencia entre la industria, la agricultura, la ganadería, la pesca y otros sectores.

Gráfico del Ministerio de Industria, publicado en el diario 20 minutos, que muestra en porcentajes del valor total la distribución de la producción minera en 2011

Gráfico del Ministerio de Industria, publicado en el diario 20 minutos, que muestra en porcentajes del valor total la distribución de la producción minera en 2011

¿Qué exige la Administración a las empresas?

En el procedimiento ambiental de un proyecto minero se evalúa su incidencia, en líneas generales, en materia de aguas, de ahí que gran parte de las empresas mineras, a la hora de trabajar para la obtención de permisos, pongan tanto hincapié en explicar cómo se van a gestionar los recursos hídricos y qué medidas van a adoptarse para no poner en peligro arroyos, ríos, aguas subterráneas y pozos privados, el principal caballo de batalla de las denuncias de las asociaciones ecologistas.

Los recursos minerales están catalogados como bienes de dominio público, como pueden ser las playas, los ríos y los mares. La Ley de Minas, una normativa pre-constitucional que es azotada por muchos frentes porque no representa a la realidad del presente, califica no obstante a los minerales como la «riqueza del país», las materias primas necesarias para el desarrollo de las nuevas tecnologías y las infraestructuras.

Dicho esto, la legislación impone unas normas que hay que cumplir, de ahí los grandes esfuerzos de los promotores industriales para reforzar los controles y las medidas de seguridad en una actividad necesaria que debe partir sobre la base del respeto absoluto al medio ambiente.

La Ley exige a las empresas la obtención de licencias Urbanísticas y Ambientales, así como el pago de tasas públicas para el otorgamiento de las mismas, y además contrapartidas para ofrecer programas de Responsabilidad Social Corporativa para revertir beneficios en los entornos donde se asienta.

En definitiva, la minería hay que analizarla desde una perspectiva global, con argumentos sólidos, rehuyendo de extremismos, y con políticas que contribuyan a fortalecer el tejido productivo con la mirada puesta en la protección medioambiental.

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